La Familia Palacios Carbajal ha decidido seguir adelante con una demanda contra el Departamento de Policía de Salt Lake City y los agentes que supuestamente le quitaron la vida a Bernardo.
Bernardo Palacios, de 22 años, murió en mayo pasado tras un tiroteo con la policía de Salt Lake que quedó captado en cámara.
La denuncia se presentó hoy poco después del mediodía.
En julio pasado, el procurador Sim Gill dijo que "los oficiales utilizaron la fuerza letal de acuerdo con las leyes del estado cuando deben detener a sospechosos o cuando el oficial tiene una causa probable de que el individuo es una amenaza para los oficiales".
Bernardo Palacios estaba armado en el momento de la persecución y recogió su arma tres veces del suelo aún cuando los oficiales le indicaban que mostrara sus manos, agregó el procurador.
Gill concluyó que los oficiales utilizaron la fuerza letal de manera correcta porque Palacios era una amenaza para ellos y la comunidad; por lo que hay una defensa legal y justificable para el uso de esta fuerza.
Las autoridades recuperaron un arma de fuego cargada y lista para disparar. También dinero en efectivo, lo que indica que presuntamente pudo haber cometido un robo antes de la persecución de acuerdo al reporte inicial.
Los oficiales declararon que Palacios amenazaba a los residentes del área y la personas que estaba en el hotel cuando inició la persecución.
Comunicado, viernes 25 de septiembre:
Hoy es con gran pesar que anunciamos la decisión de la Familia Palacios Carbajal de seguir adelante con una demanda contra el Departamento de Policía de Salt Lake City y los agentes que le quitaron la vida a Bernardo cuando le dispararon en la espalda 34 veces. A pesar de los intentos de la familia de negociar, es evidente que el SLCPD y la Oficina del Alcalde de Salt Lake City no están interesados en una reforma real. Además, es evidente que los cambios propuestos recientemente y las declaraciones hechas por funcionarios públicos han sido simplemente palabras huecas diseñadas para aplacar a un público desanimado y frustrado. Sin otras opciones a nuestra disposición, estamos ejerciendo nuestros derechos constitucionales de buscar justicia para Bernardo y llevar a cabo reformas que eviten futuros abusos.
Nos desanima que desde la muerte de Bernardo, ha habido varios casos documentados de uso excesivo de la fuerza por parte del SLCPD. Nos preocupa que la decisión del fiscal de distrito de no enjuiciar a los oficiales y el hecho de que SLCPD no haya disciplinado a estos oficiales simplemente han galvanizado una creencia ya arraigada de que ciertos ciudadanos no merecen el debido proceso, la justicia y la decencia común. Nos unimos a los innumerables ciudadanos y organizaciones en este estado y en todo el país que abogan por un sistema que reconozca y respete estos derechos.
Estamos agradecidos a los numerosos miembros de nuestra comunidad que han apoyado a nuestra familia a través de esta dolorosa experiencia y que han pedido justicia y responsabilidad. Nuevamente hacemos un llamado a la legislatura para que tome los prometidos "pasos colectivos y concretos para prevenir futuras repeticiones de este patrón tan familiar".
La muerte de Bernardo no se puede olvidar y rezamos para que se haga justicia.
Gracias.
Por su parte la alcaldesa Erin Mendenhall dijo en un comunicado en julio pasado, que "en el caso del incidente crítico del oficial de Salt Lake City que resultó en la muerte de Bernardo Palacios Carbajal, los hallazgos del fiscal de distrito Sim Gill proporcionan evidencia significativa de las acciones justificables de los oficiales de policía de Salt Lake City".
"Esta evidencia muestra que nuestros oficiales actuaron de acuerdo con su entrenamiento y la ley estatal con respecto al uso de la fuerza letal. Actuaron rápida y metódicamente en una situación muy difícil para detener lo que percibían como una amenaza mortal, que es exactamente lo que les pedimos y lo que esperamos que hagan para proteger nuestra ciudad, todos los días", expresó la alcaldesa en el comunicado.
La evidencia en este caso ahora se traslada a la Junta de Revisión Civil de la Policía de Salt Lake City y Asuntos Internos para hacer recomendaciones al Jefe Brown sobre si los oficiales actuaron de acuerdo con la política de la ciudad, dice el comunicado.
"He solicitado a ambos organismos que aceleren sus revisiones para que el Jefe pueda tomar rápidamente su decisión, y anticipo la conclusión de cada proceso a mediados de la próxima semana. También pido la paciencia del público con estos procesos que requieren tiempo y consideración para rendir el debido proceso, que estos oficiales tienen derecho según la ley", agregó Mendenhall.
