ST. GEORGE, UTAH – El fiscal general de Utah y la División de Protección al Consumidor del Departamento de Comercio de Utah presentaron una demanda contra los fabricantes de insulina Eli Lilly, Novo, Nordisk y Sanofi, así como contra los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) CVS Caremark, Express Scripts y OptumRx por su participación en un plan de fijación de precios de insulina que ha perjudicado a cientos de miles de diabéticos de Utah y sus familias, dijo en un comunicado la oficina del fiscal.
“El acceso a insulina asequible es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Pero los fabricantes de insulina y los PBM valoran miles de millones en ganancias sobre la vida y el bienestar de los habitantes de Utah. Los márgenes de la insulina son desmesurados”, explicó el fiscal general de Utah, Sean D. Reyes. “No se puede permitir que la codicia desenfrenada dirija nuestros resultados de atención médica. Este es uno de los casos más atroces de avaricia e inhumanidad que jamás haya visto. No sólo viola la ley, sino que también es moralmente repugnante”.
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Aunque el costo de producir medicamentos para la diabetes ha disminuido con el tiempo, la demanda alega que los fabricantes y los PBM trabajaron juntos para inflar el precio reportado de estos medicamentos hasta un 1000 por ciento durante la última década.
Los PBM utilizaron su importante influencia en la cadena de precios de los productos farmacéuticos para aumentar las ganancias en lugar de bajar los precios para los consumidores.
Los fabricantes acusados supuestamente aumentaron los precios de los medicamentos para la diabetes solo para reembolsar engañosamente una parte importante a los PBM a través de reembolsos, descuentos, créditos y tarifas administrativas.
Este supuesto plan creó un entorno en el que los pacientes se vieron obligados a pagar precios artificialmente altos por medicamentos que salvan vidas, mientras que los PBM y los fabricantes obtuvieron ganancias récord.
A los pacientes con diabetes se les han cobrado colectivamente millones de dólares de más al año por medicamentos que son caros sólo porque los acusados saben que pueden extraer dinero de pacientes que morirían sin ellos, agregaron.
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"Este plan de precios no sólo es atroz, sino que también es ilegal", afirmó Margaret Woolley Busse, directora ejecutiva del Departamento de Comercio de Utah. "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para responsabilizar a estas empresas por sus acciones desmedidas y por el daño han causado que los habitantes de Utah dependan de la insulina para sobrevivir”.
Actualmente, 200,000 habitantes de Utah, aproximadamente 8% de la población adulta, padecen diabetes y otros 700,000 tienen prediabetes.
La demanda alega que el costo total estimado después del diagnóstico de diabetes es de $1.7 mil millones por año sólo en Utah; Uno de cada cuatro dólares en atención sanitaria se gasta en el cuidado de pacientes diabéticos.
Este precio excesivo de la insulina y la prevalencia de la enfermedad han llevado históricamente a prácticas peligrosas para los pacientes.
En Utah, algunos pacientes han informado que racionan o toman dosis insuficientes de insulina, se inyectan insulina caducada e incluso reutilizan agujas.
Si se ha visto afectado por los costos de la insulina, la División de Protección al Consumidor lo invita a compartir su experiencia en dcp.utah.gov/insulin. Su opinión se compartirá con la División y podría usarse en esta acción legal, dijo la oficina.
