Un tribunal federal de Utah ha dictado una orden judicial para detener la venta de un tratamiento para el coronavirus fraudulento, según informó el Departamento de Justicia.
Las autoridades emitieron una orden de restricción temporal contra Gordon Pedersen, de Cedar Hills, y sus compañías.
La demanda civil alega que los acusados están promoviendo y vendiendo tratamientos de prevención de COVID-19 que no están aprobados por la FDA.
La orden del tribunal prohíbe temporalmente a los acusados que continúen vendiendo o distribuyendo sus productos para el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de cualquier enfermedad, incluido COVID-19.
"El Departamento de Justicia tomará medidas rápidas para proteger a los consumidores de aquellos que explotarían imprudentemente esta crisis de salud pública al ofrecer medicinas falsas para el tratamiento y la prevención de COVID-19", dijo el Fiscal General Adjunto Jody Hunt del Departamento de Justicia División Civil.
"COVID-19 es una enfermedad peligrosa, y los consumidores estadounidenses deben tener información precisa y confiable al tomar decisiones importantes de salud", dijo el fiscal federal para el Distrito de Utah John W.Huber.
La queja alega que, a principios de 2020, los acusados llevaron a cabo un plan para defraudar a los consumidores en todo Estados Unidos, promoviendo y vendiendo productos basados en reclamos fraudulentos de protección y tratamiento para COVID-19.
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Según la denuncia, los demandados han hecho una gran variedad de afirmaciones falsas y engañosas que promocionan los productos como un preventivo para COVID-19.
"La FDA continuará ayudando a garantizar que se detengan aquellos que colocan las ganancias por encima de la salud pública durante la pandemia COVID-19", dijo Judy McMeekin, Comisionada Asociada para Asuntos Regulatorios, Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
"Estamos totalmente comprometidos a trabajar con el Departamento de Justicia para tomar medidas apropiadas contra aquellos que ponen en peligro la salud de los estadounidenses al ofrecer y distribuir productos con reclamos no comprobados para prevenir o tratar COVID-19", agrego McMeekin.
