WASHINGTON — El presidente Joe Biden recibió el jueves en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Gustavo Petro con quien conversó en medio de profundas diferencias sobre la política de drogas de Estados Unidos y Venezuela, pero un deseo compartido de profundizar la cooperación sobre el cambio climático, la migración y la política energética.
Petro ha criticado duramente los esfuerzos liderados por Estados Unidos para prohibir la cocaína y en un discurso en Naciones Unidas el año pasado declaró que el consumo de petróleo promovido por las “potencias globales” es más letal que la cocaína y que la guerra contra las drogas ha fracasado.
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Conforme la producción de cocaína en Colombia aumenta, el gobierno de Petro se ha mostrado reacio a erradicar los campos de coca plantados por pequeños agricultores.
El presidente colombiano afirma que prefiere perseguir a quienes lavan dinero y narcotraficantes a gran escala en lugar de quitarle el sustento a los pequeños agricultores en áreas aisladas.
Este nuevo enfoque ha sido criticado por autoridades estadounidenses que durante mucho tiempo han abogado por la erradicación de los cultivos de coca en Colombia como parte del intento de golpear a los grupos narcotraficantes y hacerlos perder el control sobre algunas partes del país.
A fin de negociar acuerdos de paz con grupos rebeldes, Colombia deberá levantar las órdenes de arresto contra los líderes rebeldes buscados en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.
La nación sudamericana busca gastar millones de dólares en proyectos de desarrollo económico en áreas rurales que han sido azotadas por la violencia durante mucho tiempo y busca el apoyo de Estados Unidos en ese frente.
Petro, que fue elegido el año pasado, se encuentra en medio de un ambicioso esfuerzo por llevar la “paz total” a su nación de 50 millones de habitantes después de seis décadas de conflicto.
Un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), redujo la violencia en gran parte del país.
Pero los homicidios y el desplazamiento forzado han aumentado en algunas zonas aisladas, donde grupos más pequeños comenzaron a pelear por las rutas del narcotráfico, las minas ilegales y otros recursos abandonados por las FARC.
Algunas áreas rurales de Colombia siguen bajo el control de bandas de narcotraficantes y grupos rebeldes pese al acuerdo de paz logrado en 2016 con las FARC.
